El valenciano será obligatorio en la Generalitat aunque el nivel de exigencia dependerá del puesto de trabajo
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, trasladó este pasado lunes al presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, las medidas para implementar el valenciano en el acceso al empleo público que están previstas en el anteproyecto de ley de Función Pública de la Generalitat.
Esta ley, según Bravo, será un "instrumento necesario para garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración en la lengua que elija".
A la reunión también acudieron la secretaria de la AVL, Verònica Cantó, el letrado de la institución, Agustí Colomer y la secretaria autonómica de Justicia y Función Pública, Mireia Llobera.
Bravo indicó que enviará el texto definitivo a la AVL para que el ente normativo se pronuncie al respecto. Seguidamente el anteproyecto de ley se elevará al pleno del Consell en cuanto se abra el periodo de sesiones en Les Corts. Además, se incorporarán las consideraciones de los órganos consultivos.
La consellera explicó que "La ley pretende por encima de todo que cualquier valenciano o valenciana pueda relacionarse con la administración en el idioma que elija, toda la ciudadanía valenciana que quiera relacionarse en valenciano tiene ese derecho y la Administración debe estar preparada para garantizarlo".
Por su parte, Ferrer agradeció el deseo de potenciar el uso del valenciano en la Administración. No obstgante, la AVL no hará más valoraciones hasta conocer el cometido final del proyecto.
El valenciano en la Generalitat será según el principio de proporcionalidad
Bravo explicó también que el requisito lingüístico para acceder a la Administración Pública de la Generalitat se basa en "acreditar la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente”. Es decir, que se aplicará "el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo". Esto es lo que establece la doctrina del Tribunal Constitucional en materia lingüística.
Así, según el puesto de trabajo la exigencia de conocimiento del valenciano puede variar. No es lo mismo atender al público que no hacerlo, por ejemplo. En este sentido la consellera explicó que en el plazo de un año, tras la aprobación de la norma por Les Corts, se elaborará el reglamento. Este será el que establecerá los criterios de proporcionalidad. De esta manera, será el reglamento y no la ley la que determine el nivel de exigencia en cada caso.
Proporcionalidad según el CJC
Además, Bravo se refirió al dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) elaborado sobre el anteproyecto de ley. Este órgano calificaba de incoherencia y contradicción jurídica que los niveles de capacitación lingüística se basaran en la categoría de la oposición. En este sentido, la exigencia deber ser, como se ha comentado anteriormente, según el "principio de proporcionalidad".
No habrá puestos sin cubrir en Sanidad por no saber valenciano
Respecto la “excepción sanitaria”, indicó que "de manera excepcional y no definitiva, se podrá ocupar un determinado puesto de trabajo en el sistema público de salud de la Generalitat sin acreditar la capacitación lingüística en ese momento para que la plaza no quede vacante". Esto podrá ocurrir "si hay necesidad de personal y en ese momento no se dispone de nadie con la competencia lingüística requerida". De esta manera quedará asegurada la atención sanitaria sin que se perjudique por no saber valenciano.
En este sentido Bravo insistió en que el valenciano "no es un problema en la Administración pues casi siete de cada diez empleados de la Función Pública valenciana tiene algún tipo de acreditación de conocimientos de valenciano". De los 15.798 trabajadores y trabajadoras de la Función Pública, 11.327 tienen algún tipo de titulación. Además, de estos, casi la mitad, 5.974, tienen el Grau Mitjà o el Grau Superior.
